EQUO pide la rectificación del decreto sobre el bono social antes del invierno

EQUO pide la rectificación del decreto sobre el bono social antes del inviernoEsta sentencia pone en riesgo de pobreza energética a más de 2,4 millones de personas en España. Por segunda vez el Tribunal Supremo, basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, ha declarado inaplicable el régimen de financiación del bono social eléctrico, que suponía un descuento del 25% en la factura de la luz. El bono social era la única opción para los cerca de dos millones y medio de personas que sufren pobreza energética en nuestro país mientras el precio de la energía y los beneficios de dichas empresas se encuentran entre los más altos de Europa.

La legislación europea permite que el Estado intervenga en los sectores de interés económico general, como en este caso la electricidad, si está debidamente justificado, cumpliendo con criterios de claridad y proporcionalidad. En este sentido, el fallo del Supremo indica que el decreto del Gobierno no cumplía estos criterios y por tanto no es aplicable. La sentencia europea en la que se ha basado el Tribunal Supremo es una interpretación en respuesta a una cuestión del Consejo de Estado francés para aplicar una medida similar en el caso del gas.

En este sentido, EQUO pedirá que se rectifique la redacción del régimen de financiación del bono social para cumplir con la legislación, con una definición clara en los requisitos de ‘hogar vulnerable’ vinculada a los ingresos del hogar, así como la adopción de disposiciones relacionadas con la paralización del corte de suministro de los hogares económicamente vulnerables.

La sentencia obliga también a una indemnización de 500 millones de euros por parte del estado, algo que habrá que sumar a los 3.400 millones “perdonados” a las eléctricas.

Además, para EQUO es urgente que se ponga en marcha un plan para paliar la pobreza energética basado en la información al consumidor en todo lo que concierne a los suministros eléctricos, tipos de contrato y sus derechos; la rehabilitación de viviendas para minimizar los gastos energéticos y las ayudas directas a los colectivos más vulnerables ahora que las eléctricas no costearán la rebaja que se aplicaba con el bono social. En caso de mantenerse como hasta ahora que el bono social sólo pueda ser ofertado por las comercializadoras de último recurso, habrá de justificarse adecuadamente como pide la sentencia que deban de ser estas las financiadoras al ser beneficiarias de un segmento cautivo de clientes.

EQUO seguirá trabajando en paralelo en iniciativas para la auditoría y transparencia del sistema eléctrico y sus costes, haciendo hincapié en los costes ilegítimos derivados de gobiernos anteriores como los Costes de Transición a la Competencia.

Igualmente, hay que señalar que el PP rechazó en el Senado la moción de Unidos Podemos para luchar contra la pobreza energética que incluía aplicar un tipo de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 4%, correspondiente a primera necesidad, para el agua, el gas y la electricidad.

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